Dos aspectos significativos, entre otros, hacen la diferencia en la tragedia humana provocada por las incesantes lluvias caídas en Venezuela, popularmente denominada el deslave de Vargas, en 1999, y la emergencia, en casi todo el territorio nacional, en este final de año 2010.
Estos dos aspectos son, en primer lugar, la poca preparación que tenía el Gobierno Bolivariano para enfrentar la caída de las lluvias, en Vargas, que sumado al caos urbanístico y la total ausencia de los más elementales servicios de drenaje, desmalezamiento, heredados del puntofijismo, produjo el deslave apocalíptico que dejo una tragedia histórica de dimensiones nacionales.
El segundo aspecto, fue el sentimiento de solidaridad, y de corresponsabilidad, de la gran mayoría de venezolanos y venezolanas que sin distingos de ningún tipo, se activó para socorrer a sus compatriotas. Quien esta nota escribe, junto con dos personas más, abrió en Parque Central, el primer centro de acopio, incluso antes de que el Gobierno decretara la emergencia nacional. El 16 de diciembre de 1999, a las 8.00 de la mañana, Parque Central era un hervidero humano, de adolescentes en su mayoría, que no solo traían sus aportes, sino que se enrolaron como voluntarios hasta enero de 2000. Toneladas de suministros comida, pañales, agua, colchones, medicamentos, entre otros, fueron recogidos y enviadas al entonces Gobernador de Vargas, Alfredo Laya. Fue improvisado, incluso, un centro de atención paramédica a lo damnificados para ayudar a descongestionar los hospitales. En esa oportunidad, al final, elaboramos un informe que entregamos al entonces Ministerio del Desarrollo Social. Entre las diversas conclusiones, destacamos la necesidad de impulsar la organicidad de la sociedad venezolana y, desde la solidaridad, prepararnos mejor para eventuales contingencias futuras.
Hoy, afortunadamente, a diferencia de 1999, se puede afirmar, que el Gobierno está mejor preparado para atender la primera fase de una emergencia, que es el rescate y la atención de las personas. Incluso, también se puede destacar que los servicios de drenaje prestados, entre otros, impidieron, gracias a Dios, que se produjera el elevadísimo número de victimas fatales de 1999.
En cuanto a la solidaridad, si bien se expresa, no tiene la misma fuerza de 1999, y está contaminada por razones de índole política -de lado y lado- lo cual no augura nada bueno, en la construcción de una sociedad superior.
Dicho esto existe, sin embargo, un tercer aspecto que como factor común, persiste negativamente en esta Venezuela de dos tiempos. Me refiero a la pobre expresión de planificación gubernamental para evitar, con soluciones definitivas, futuras tragedias.
Este Gobierno está obligado a prestar cobijo a sus ciudadanos. Obligación que sabemos no desdeña, pero que durante estos años no ha sido capaz de poner en práctica.
En estos años no ha sido posible implementar un método coherente de producción de viviendas. Esta dificultad, hasta ahora insuperada, se origina en la negación a crear mecanismos permanentes de evaluación , planificación y seguimiento de la gestión gubernamental, a pesar de que el Gobierno cuenta con el Plan de Desarrollo Simón Bolívar 2007-2013.
Por ello es que, lleva a la práctica medidas desesperadas, intentando mantener bajo control la tragedia de los damnificados que viven en alto riesgo.
Una medida de esta índole lo constituye el cierre técnico de la Cancillería para alojar a los damnificados. Por Dios, qué locura es esa?. El Ministerio tiene alquilados dos edificios que NO ESTA USANDO EN TODA SU CAPACIDAD, que pueden ser refaccionados para este mismo fin, sin cercenarse las manos como lo está haciendo ahora.
En la Casa Amarilla fueron alojadas unas 25 familias damnificadas. Esto no pesa tanto, pero en el edificio administrativo, las oficinas están siendo desarmadas para convertirlas en apartamentos para otros tantos compatriotas damnificados.
De diecinueve pisos, tres o cuatro han quedado en pie. En esos cuatro pisos están hacinados un grupito de funcionario de los distintos viceministerios y sus respectivas direcciones. En términos reales significa que la operatividad de la Cancillería se reduce a un 10 o 15 %. Según lo dicho por los voceros gubernamentales esta situación puede durar un año y medio, o tal vez más.
Nadie sabe, entre otros importantes aspectos, a dónde irán los archivos, dónde llegarán las comunicaciones de las Embajadas acreditadas en Venezuela, con quién harán interlocución las embajadas residentes, quién tramitará los planteamientos de nuestras Embajadas y Misiones en el exterior, cómo se hará seguimiento a los acuerdos suscritos, quien elaborará y evaluará las instrucciones de diversa índole que demanden nuestros agentes diplomáticos en el exterior para la defensa y promoción de los intereses del país.
El cierre técnico de la Cancillería, sumado a la bochornosa Ley Orgánica de Servicio Exterior, es una prueba del desconocimiento que tienen las altas esferas gubernamentales sobre el papel que cumple la Cancillería, o del servicio exterior, en su conjunto, para atender las necesidades del país.
El edificio administrativo había sido refaccionado hace dos año. Ignoro el costo de la misma, supongo que bastante alta. Era necesaria realizarla, pero todo ese trabajo se perdió. Mucho dinero perdido. Cuánto costará cambiar la función administrativa del edificio por una de carácter residencial? Nada importa. Sin dejar de lado, que el edificio administrativo no tiene permiso de habilitabilidad según lo han expresado por los bomberos en diversas ocasiones.
Mucho menos importantes es el estado de postración emocional en el cual se encuentran los funcionarios, que laboran en el ministerio, sin excepción. A nadie importa Será que es muy difícil asesorar al Presidente, será que nadie se atreve a hacerlo, o será que es un negoció refaccionar, una y otra vez, cada dos o tres años. Mientras, en términos objetivos, el Estado se cercena asimismo. Cómo se explica eso¿
Ilenia Medina
