El Embudo Estrafalario y las Medidas Coercitivas Unilaterales

Conocidas las sanciones dictadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América contra cuatro funcionarios venezolano, por rigor metodológico, entramos a la página web del Departamento del Tesoro para indagar cuáles son las pruebas y los elementos argumentativos que maneja la administración de ese país para emitir tan amenazadora medida.
De entrada es necesario comenzar diciendo que ningún Gobierno en el mundo puede, y menos el poderoso y alevoso gobierno militarista de Estados Unidos, apoyándose en una decisión política, y menos de carácter presidencial, sancionar a algún ciudadano, sea cual fuere su nacionalidad, violando sus derechos humanos, e incluso afectando a terceros, cuando no se ha cumplido con un requisito indispensable, indiscutible e inalienable como es la acción de la justicia, el cumplimiento del debido proceso y por ende al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, y otros tantos principios universales de protección de los derechos humanos.
Al abrir la página nos sorprendimos con un embudo estrafalario. No solo por lo allí contenido, sino particularmente por lo que no aparece en la misma. Por supuesto, no debe sorprendernos que no se encuentre sancionado, por ejemplo, Oliver North, Oficial estadounidense, quien en los años ochenta fuera acusado de narcotráfico por armar a la contra nicaragüense. Tampoco aparece Posada Carriles, acusado por varios países, por sus horrendos crímenes terroristas en la región. Ambos fueron, en su momento, fichas del terrorismo de Estado que han practicado los respectivos gobiernos estadounidenses.
No puede tomarse con una posición acrítica que en la Web, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro explica que la facultad de imponer sanciones a cualquier ciudadano extranjero por la comisión de actos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas o proliferación de armas de producción masiva a extranjeros, grupos o entidades se enmarca en las Ordenes Ejecutivas de los Presidentes de ese país para resguardar la seguridad nacional.
Esto se traduce en que las sanciones impuestas no son el resultado de investigaciones policiales y judiciales apegados a los procedimientos legales de ese país y de respeto a los derechos humanos de los “imputados”. El procedimiento para colocar a cualquier incauto en las fulanas listas se limita a la realización de “consultas” entre el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Procuraduría General estadounidenses. Impensable que en la República Bolivariana de Venezuela el Presidente decida arrogarse facultades que solo son competencia del Poder Ciudadano y el Poder judicial.
En la página web del Departamento de Estado no aparece colgada ninguna prueba -producto del esfuerzo investigativo-, la más mínima, que de, al menos, una apariencia de legalidad a las medidas unilaterales coercitivas del Gobierno estadounidense. No se atrevieron a hacer mención de la caja de Pandora, ya deslegitimada, de la computadora de Raúl Reyes No aparece tampoco ninguna información sobre la solicitud de asistencia jurídica mutua que tendría que haber efectuado el gobierno estadounidense al Estado venezolano para realizar sus investigaciones. No aparece porque no existe.
Cómo se permite el Gobierno estadounidense sancionar a un grupo de venezolanos, sin efectuar los trámites judiciales correspondientes? De qué se trata?.
Los partidos congregados en la MUD, inmediatamente, se sumaron a la patraña estadounidense apoyando tal tropelía. Eso los retrata de cuerpo entero. Acá piden justicia apegada a la letra constitucional y las leyes de la Republica. Eso es correcto y es un derecho de todos los venezolanos. Pero ante las medidas ilegales del Gobierno estadounidense se adhieren y se convierten en sus más fervientes defensores.

Ilenia Medina*
Rafael Uzcategui*
*Miembros del secretariado de PPT

Reservas de Oro: de la Custodia Internacional a la Custodia Nacional

RESERVAS EN ORO:
DE LA CUSTODIA INTERNACIONAL A LA CUSTODIA NACIONAL
22 de agosto de 2011

En los días que corren el debate nacional ha sido la decisión adoptada por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, entes que tienen competencia concurrente en el ámbito de la hacienda publica en general y de administración de las reservas internacionales, de recuperar nuestro oro y diversificar la ubicación de nuestras reservas internacionales.
Desde un primer momento, en relación al oro, hemos estado completamente de acuerdo con la medida adoptada, es decir, recuperar la guardia y custodia de nuestras reservas en metal. Cómo no estarlo, si cuando el oro fue sustraído y trasladado a Inglaterra, entre gallos y medianoche, a mediados de febrero de 1989, estuvimos entre quienes condenamos la acción entreguista del Gobierno de entonces. En honor a la verdad histórica, en aquellos días, un grupo de hombres y mujeres con militancia en las filas de la izquierda, hacían vigilias, en los alrededores del Banco Central, desafiando los peligros para intentar detener lo que consideramos entonces y seguimos considerando ahora una grosera acción contra los bienes de la República.
Para quienes suscribimos estas notas, en cuanto a la reubicación y diversificación de las reservas internacionales consideramos es un imperativo de seguridad la medida, tomando en cuenta que ya no existe desde la lógica del sistema financiero internacional un país que ofrezca garantías suficientes para el resguardo de nuestras reservas internacionales. Desde que Estados Unidos desconoció unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods, en los años setenta, abandonando el patrón oro que regía el sistema financiero e impuso el dólar inorgánico se han venido gestando las condiciones para desafiar un modelo que pasó del capital productivo al capital especulativo. Los riesgos de las otrora grandes economías, las cuales ya no saben manejar los sobregiros brutales de su deuda, inmensamente superiores al monto del PIB, sumado al sobrecogedor déficit presupuestario obligan a los Gobiernos, como los de UNASUR, a dar un paso al frente. El desafío es cómo abandonar un modelo que viene haciendo agua. Necesario es poner a salvo esas divisas. De éstas dependemos para las operaciones de importación, el pago de la deuda y para respaldar el valor de nuestra moneda. En ese mismo orden de ideas, y en las actuales circunstancias, cómo no hacer posible la idea de crear efectivamente un sistema financiero al servicio del desarrollo de los países de nuestra región. Las economías emergentes como se denominan a Brasil, Rusia, India, China e incluso Sudáfrica fueron un mural de contención que impidió que la crisis monetaria y financiera que se inició en Estados Unidos en el 2007 estallara y afectará aún más a la economía mundial.
Entre quienes hoy se oponen a las medidas de protección antes mencionadas están, quienes en su momento avalaron aquel desafuero y tienen que defender lo indefendible, quienes solo observan y actúan movidos por el cálculo electoral y otros, que embisten todo aquello que provenga del Gobierno, independientemente de la naturaleza de la medida y se impiden razonar adecuadamente.
Consideramos que una vez trasladadas nuestras reservas en oro a las bóvedas del Banco Central de Venezuela y reubicadas las reservas internacionales en divisas, debe blindarse un mecanismo de seguridad para las mismas y activar el mecanismo de control y fiscalización. Sin duda, reiteramos, es un acto de gran responsabilidad soberana esas medidas de protección. La misma dimensión de responsabilidad tiene entender que estamos obligados, instituciones nacionales y los ciudadanos, a afinar y fortalecer los mecanismo de custodia nacional, repetimos, particularmente el de control y fiscalización.
En ese orden, desde la perspectiva del control y fiscalización de los recursos nacionales tenemos cuestiones pendientes que deben ser atendidas de inmediato. La Constitución Nacional y las leyes orgánicas que del texto constitucional se derivan establecieron, claramente, las competencias del Poder Ciudadano entre las cuales está ser garantes de la ética pública, de la moral administrativa en el manejo de los recursos públicos y del cumplimiento del principio de legalidad en todos los actos de los entes del Estado. El Consejo Moral Republicano expresión de ese Poder Ciudadano, conformado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, se encuentra en deuda con el pueblo venezolano, en lo que al tema corresponde. El 20 del presente mes, a dos meses del fallecimiento del Dr. Clodosvaldo Russian, Contralor General de la República se desconoce el estatus del proceso público para convocar al Comité de Evaluación de Postulaciones que debe presentar una terna a la Asamblea Nacional para designar al Titular de la Contraloría General que tendría entre sus funciones presentar un plan para el control y fiscalización de la administración de los recursos del Estado.
Consideramos de gran importancia que el Poder Ciudadano cumpla con su responsabilidad -no hay razón para que no lo haga- y, una vez presentada la terna para la designación del Contralor (a) General a la Asamblea Nacional y, de no alcanzarse los 110 votos establecidos en el artículo 279 de la Constitución Nacional, el Consejo Nacional Electoral debe llamar a su elección por sufragio popular.
El papel del órgano contralor y fiscal es clave en la dignificación de las instituciones públicas venezolanas. Preocupa el silencio generalizado en el tema. Y desde nuestra responsabilidad militante recordamos que la custodia nacional de nuestros recursos es una tarea que reivindica la ética publica y la moral administrativa que como lo planteo Bolívar en el Congreso de Angostura tiene como objetivo la forja de la República.

Ilenia Medina
Rafael Uzcategui
Miembros del Secretariado de PPT

¡Presidente, a proposito de Julián Conrado, recuerde que somos un país neutral!

¡Presidente, a propósito de Julián Conrado, recuerde que somos un país neutral!
08-06-2011
En uno de los cuatro artículos de opinión que escribimos por la barrabasada cometida contra el periodista Joaquín Pérez Becerra, advertimos que si el Gobierno no tomaba las previsiones correspondientes, sería nuevamente “sorprendido”. Proponíamos al Presidente Hugo Chávez crear un grupo multidisciplinario que orientara sobre eventuales situaciones futuras. Considerando, en nuestra buena fe, que es una bien urdida estratagema colombo-norteamericana, no nos sorprendió demasiado, el anuncio gubernamental sobre la captura del cantautor combatiente de la FARC, Julián Conrado (Guillermo Enrique Torres Cueter). Menos sorprendió el despliegue mediático posterior, del Gobierno colombiano, ufanándose y enrostrando con profusa información, a los utópicos revolucionarios de Venezuela y el mundo, sobre el exitoso operativo conjunto de los cuerpos policiales de ambos países -con la información de inteligencia suministrada por Colombia sobre las coordenadas de Conrado en nuestro territorio- en la captura del cantautor. Hechos, y no palabras, que corroboran, desde la perspectiva oficial colombiana, que Hugo Chávez es efectivamente un hombre bien colaborador, que cumple a pie juntilla la letra del acuerdo de Cartagena en materia de seguridad suscrito con Santos, dos meses atrás. Luego de las indignadas protestas, nacionales e internacionales, que genero la entrega de Pérez Becerra, hasta Alan García, se permitió hacer un reconocimiento a Chávez.
Vale decir, que dada la situación, tales acuerdos, de carácter político, ameritarían su revisión por la Asamblea Nacional, pero es claro que una decisión como ésta no es del interés de los diputados, sean oficialistas o del bando opositor. A estos últimos les viene como anillo al dedo, el “colaboracionismo” de Chávez con el Gobierno colombiano, porque conciben como correcta la nueva política de seguridad entre ambos países y, además, de ñapa, por el repudio que esto genera en los sectores revolucionarios y progresistas. Es una concertación que horada el apoyo internacional -nada despreciable- que Chávez y el proceso venezolano habían alcanzado.
Nuestro apreciado amigo Ernesto Villegas, en un artículo en relación a Julián Conrado señaló que a diferencia del caso Pérez Becerra, el Gobierno Nacional, no tenía opciones y no tendría más remedio que entregar al cantautor combatiente. Pero no, de ninguna manera. En el estudio de la compleja y dinámica situación colombiana y en la aplicación de la normativa nacional y los tratados internacionales de los cuales somos Parte está la clave para que el Gobierno no se equivoque nuevamente. Claro, eso exige también, entre otras cosas, una valoración clara de lo que está ocurriendo; contar con un tremendo equipo con visión geoestratégica y político y experticia en el ámbito jurídico y, entre otros aspectos básicos, estar ganado para reconocer, con humildad, que con Joaquín Pérez Becerra se cometió un atropello que dejo mal parados los fundamentos de lo que se supone es una revolución.
De cualquier manera, expresado lo anterior, nos permitimos hacer un planteamiento a ser estudiado por el Estado venezolano, entendiendo que esta materia no es competencia del Ejecutivo Nacional, únicamente.
Consideramos que Venezuela se encuentra ante una situación que debe ser analizada desde la normativa del Derecho Internacional humanitario. En este caso, siendo así, no es la deportación o la extradición las figuras pertinentes que corresponde considerar para Julián Conrado. EL estatus del combatiente de la FARC se circunscribe eminentemente al campo político, caracterizado por el conflicto armado interno que desgarra a Colombia y que habiendo sido reconocido pública y notoriamente por el Presidente de ese país, acarrea consecuencias también en lo internacional que nuestro gobierno no debe desestimar. O dicho de otra manera, está obligado a considerar. Cabe recordar que el reconocimiento de Santos sobre la antigüedad del conflicto militar en su país, quedo ampliamente recogido en una ley, recientemente aprobada por el Congreso Colombiano destinada a beneficiar a las victimas de esa guerra sin fin. No esta demás tener presente, que ésta declaración, que atrajo la atención internacional, ocurrió después de la obscena entrega de Pérez Becerra a Colombia. Dentro del análisis de esta situación debe considerarse, obviamente, la jurisprudencia que crea la Corte Suprema de Justicia de Colombia cuando no reconoce la validez de los supuestos documentos encontrados en las computadoras de Raúl Reyes como pruebas penales.
Los gobiernos bipartidistas de ese hermano país han pretendido –absurdamente- que en las ocasiones que estos han reconocido estatus político a las fuerzas insurgentes colombianas esa beligerancia no produzca consecuencias internacionales. De no ocurrir evento alguno que afecte al vecindario es entendible que la comunidad internacional no haga pronunciamiento alguno, -de beligerancia o neutralidad- pero cuando se producen situaciones como las actuales, es evidente que cualquier Estado, sea cual sea, esta obligado a examinar cuidadosamente el desafío jurídico que tiene por delante, y no despacharlo a la ligera, porque son las instituciones del Estado las que salen profundamente afectadas en su majestad. Para no hablar de repúblicas bananeras. El reconocimiento del conflicto armado interno, por el gobierno legalmente constituido de Santos, genera derechos y responsabilidades, en el orden internacional de inexcusable abordaje, particularmente, por los países vecinos que pueden verse afectados por el conflicto.
En ese orden de ideas, siendo Venezuela un territorio de paz, lo que nos hace un país neutral por excelencia, teniendo Julián Conrado un estatus de combatiente de la FARC, siendo que el Gobierno de Colombia reconoció recientemente el conflicto armado interno, siendo que el combatiente Conrado se encuentra enfermo, y fuera del conflicto, y no cometió un acto hostil contra la soberanía de Venezuela, sumado a que se encontraba desarmado, según lo declarado por las autoridades de nuestro país, siendo que penetró en nuestro territorio en busca de refugio para la protección de su vida, corresponde dirimir, entonces, en el marco de los Convenios de Ginebra I, II y III del derecho internacional humanitario y del Protocolo Adicional II (sobre los conflictos armados no internacionales), la obligación de PROTEGER a Julián Conrado en Venezuela, o entregarlo a otro país, efectivamente neutral, hasta que el finalice el conflicto armado en Colombia, según lo establece los Acuerdos de Ginebra y sus respectivos Protocolos antes mencionados. Evidentemente lo que esta prohibido por las normas de protección internacional o del derecho internacional humanitario es que un Estado neutral entregue a un enfermo, con carácter de combatiente, a una de las partes beligerantes. Por lo tanto no puede el ESTADO VENEZOLANO entregar a Julián Conrado al gobierno de Colombia.
Reiteramos la importancia que el Estado venezolano, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia, estudie la complejidad de este asunto, en el marco del derecho internacional humanitario. No le corresponde al Presidente Hugo Chávez decidir porque es competencia de los Altos Magistrados de justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Ilenia Medina
Rafael Uzcategui
*Miembros del Secretariado de PPT

Cómo atender las preocupaciones del Frente Nacional de Resistencia Hondureña y del Presidente Rafael Correa?

A poco tiempo de la realización en El Salvador, de la Asamblea General de la OEA, en la cual los Ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, considerarán el levantamiento de la medida que permitió suspender la membresía de Honduras de esa Organización, luego del brutal golpe de Estado contra Manuel Zelaya, se levantan voces de alerta manifestándose contrarios a esa posibilidad.
La mediación efectuada entre Venezuela y Colombia tuvo como resultado el Acuerdo de Cartagena, especie de mapa de ruta para alcanzar la reconciliación del pueblo hondureño. Entre las primeras exigencias está el levantamiento de las medidas penales contra Manuel Zelaya, el ejercicio pleno de sus derechos políticos y la facilitación para el regreso a Honduras, como el de su equipo gubernamental, que lo acompaño en el exilio. El domingo 29 de mayo, los pueblos de toda América Latina seguían ansiosos, y acompañando contentos, el alborozo del pueblo hondureño que recibía al hombre que fue capaz de desafiar a la oligarquía hondureña y al Pentágono, para abrir, a través de un proceso constituyente originario, las compuertas de la participación democrática al hondureño de a pié.
Pasada la euforia, viene la necesaria reflexión sobre cuáles son los mecanismos que contempla el Acuerdo de Cartagena para garantizar el cumplimiento de los compromisos en este establecidos. El Acuerdo establece que una Comisión hará el Seguimiento sobre el cumplimiento de las exigencias del Acuerdo, conformada por los cancilleres de Venezuela y Colombia. Pero esa instancia de seguimiento no previo un mecanismo que garantice los lapsos y el cumplimiento cabal de las condiciones establecidas en el instrumento. Efectivamente, este Acuerdo contiene una serie de acciones y medidas importantes que deben ser acatadas antes que se acepte nuevamente a Honduras en la OEA, según lo exige el Frente Nacional de Resistencia Hondureña. Como se comprueba no es capricho o terquedad las preocupaciones levantadas. Efectivamente, no hay nada en el Acuerdo de Cartagena que obligue al Gobierno de Porfirio Lobo el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el mismo.
No es de poca monta lo que está en juego. El Frente de Resistencia hondureña exige el enjuiciamiento de los responsables de las masacres cometidas durante la crisis en estos dos años de resistencia. El Acuerdo establece apenas la creación de una Secretaria de Justicia y Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de atención en materia de derechos humanos y el seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos relativas al Examen Periódico Universal que el Estado hondureño debe seguir. Recoge, también, la solicitud de ese Gobierno para que se abra una Oficina, en ese país, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Nada se dice acerca de la responsabilidad que cabe a las instituciones públicas hondureñas de investigar y sancionar a los responsables, intelectuales y materiales, de los asesinatos de dirigentes de la resistencia. En este punto se puede adivinar la habilidosa mano colombiana echándole tierrita al asunto.
En cuanto al justo reclamo del Presidente Rafael Correa de Ecuador, no existe ninguna disposición acerca de la responsabilidad que corresponde al Estado Hondureño de investigar y sancionar a los responsables, civiles y militares, involucrados en el golpe de Estado que, entre gallos y medianoche, saco en pijamas al Presidente Constitucional de Honduras, para abandonarlo en Costa Rica.
Siendo así las cosas, no es coherente según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, la prisa en incorporar nuevamente a Honduras en la OEA, como lo alerta, lógicamente, el Frente Nacional de Resistencia Popular, sin que se hayan iniciado, al menos, las investigaciones sobre los crímenes y la violación de los derechos humanos, etc.
Consecuentemente corresponde, obligatoriamente, entonces, que las preocupaciones del Frente y del Presidente Rafael Correa sean incluidas en la Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, a ser aprobada para incorporar a ese país a la OEA. De igual manera, en la misma Resolución deben incluirse algunos párrafos sobre el deber de los Estados Receptores de respetar, en cualquier circunstancia, las Embajadas, delegaciones y Misiones de los países acreditantes, según lo dispuesto por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Suponemos debe ser una de las propuestas de Brasil, dado el acoso que sufrieron las embajadas de Brasil, Cuba y Venezuela en Tegucigalpa en el marco de la crisis interna que origino el golpe de Estado.
Sería muy lamentable, injusto y desleal, con las luchas mantenidas por el pueblo hondureño, se permita que la impunidad se institucionalice, aún más, en ese país.

31 de mayo de 2011

Ilenia Medina

UNIDAD NACIONAL, DE VERDAD, ANTE LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA VENEZUELA

En el día de ayer, nuestro país tuvo conocimiento que el Gobierno de Estados Unidos presidido por Barack Obama, -quien con sus brutales acciones bélicas se despacha el significado que para el mundo tiene el mensaje contenido en el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido al inicio de su mandato-, hizo efectiva la amenaza que suele hacer el establishment estadounidense a los países que deciden tomarse en serio el ejercicio efectivo de su soberanía plena.
Ciertamente, no es la primera ocasión en la cual Estados Unidos atenta contra la soberanía de Venezuela en estos doce años. En esta oportunidad abierta y descaradamente arremete nuevamente contra PDVSA, nuestra industria petrolera nacional, dictando sanciones unilaterales coercitivas, por si mismas ilegales, con lo cual busca entorpecer la política petrolera venezolana, estratégica para los objetivos de desarrollo del país y el rumbo que en términos de la política exterior, y desde la perspectiva bolivariana, independiente y emancipadora dicta nuestra Constitución Nacional. Estados Unidos blande el hacha pretextando que con la venta de gasolina a Irán se ayuda a ese país a avanzar en el desarrollo de una eventual capacidad nuclear bélica. Como ya sabemos utiliza, sin el menor pudor, los mismos argumentos que esgrimió para iniciar su operación de destrucción de Irak. Nada más violatorio del derecho internacional.
Una vez más observamos la desmedida ambición capitalista que pretende imponerse al mundo, a sangre y fuego, para paliar a costa de los recursos naturales y financieros de los países en desarrollo, la crisis de un modelo económico, comercial y financiero que cada vez muestra su desgaste y afecta sus economías. Esto nos advierte, que vendrán nuevas y mayores arremetidas porque para quienes creen en el fin de la historia, el modelo de acumulación debe ser preservado no importa quién caiga, no importa quién pague. Adicionalmente, la crisis energética que afecta hoy a Japón, provocada por los furiosos estertores de la tierra, en forma de sismo y sutnami, expone sin cortapisas las “bondades” de la energía nuclear y coloca una presión singular a las potencias nucleares para el control efectivo de las reservas petroleras existentes y por ende sobre los países productores de petróleo.
Son las razones por la que hoy observamos, indignados, la grosera intervención, -de diversas formas y maneras- que en ésta ocasión se comete contra los pueblos del Medio Oriente que, como en Libia, inician, en el marco de divergencias importantes, el camino para una nueva y mayor participación política. Cabe preguntarse: ¿Qué posibilidades tendrán los pueblos arrasados por la furia de la OTAN, de reconciliarse y reencontrar su camino, cuando han sido colocados hermanos contra hermanos? Quién se importa por las heridas sociales y políticas y las fracturas y divisiones que a conveniencia las grandes potencias y los intereses trasnacionales dejan regadas por los pueblos por donde arrasan?
En nombre de Patria Para Todos, quienes a continuación suscribimos este documento ratificamos que nuestras criticas y diferencias con el Gobierno Nacional jamás colocará al PPT al lado de quienes pretendan violentar nuestras soberanía, usurpar nuestros recursos e incidir en nuestra política interna e internacional.
Patria Para Todos, rechaza y condena la aviesa intención del Gobierno estadounidense de intentar someter a nuestra patria.
Es por esa razón que requerimos al Gobierno Nacional y a las autoridades de la Asamblea Nacional que, ante las sanciones estadounidenses, se haga un llamado honesto y responsable a la unidad nacional, sin restricciones, sin amagos de tiempo y formulas convencionales. Que NO se impida que cada uno de los miembros de nuestro parlamento, representantes de los partidos políticos, exprese clara y directamente su posición al respecto. Que cada parlamentario asuma su responsabilidad con el país y ante la historia. No puede repetirse en la Asamblea Nacional la experiencia de ayer. El pueblo no lo perdonaría. Miremos, con verdadera atención, sin cálculo, a través del espejo roto que nos revela la angustia del pueblo libio y de tantos otros pueblos que no pudieron burlar, a tiempo, a sus pretendidos sepultureros.

ILENIA MEDINA
RAFAEL UZCATEGUI
Miembros del Secretariado de PPT
25 DE Mayo de 2011

A ROY DAZA, el nuevo mejor amigo de Chávez

Esta muy breve nota, con la cual no pretendo salir en defensa del PCV, es para afirmar, después de leer la “infeliz declaración” de Roy Daza, que con camaradas “así” se entiende, pero no se justifica, que Chávez no se moleste en consultar, por lo menos, al partido “único”. Y además, prefiera confiar en ese “nuevo mejor amigo” que dice tener.
Estimado Roy, la Constitución Nacional establece –taxativamente- cuáles son las competencias del Presidente de la República, las cuales no podemos, ni queremos restringir. Pero definitivamente no tiene la facultad, y menos el derecho, de sacrificar los procedimientos legales establecidos en nuestra normativa para salir de “la papa caliente” sueca que es Joaquín Pérez Becerra. Es justamente esa la primera obligación que tiene el Presidente de la República según el artículo 236 de la Constitución Nacional. Respetar las leyes, no desacatarlas por razones “políticas”. Consecuentemente, Chávez lo único que podía responder a Santos, legalmente hablando, es “mire compadre, con gusto le colaboro. Solicitare a las autoridades competentes lo detengan de inmediato y apliquen los procedimientos legales que establece nuestra Constitución y las leyes”. Como es posible que nadie le diga a Chávez que el derecho internacional reconoce y exige respeto a la normativa interna de cada país, en cualquier circunstancia. Eso es lo que se llama ejercicio de jurisdicción o ejercicio de soberanía.
Chávez estaba obligado a detenerlo, pero no a entregarlo. Bastaba cumplir con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Bastaba con informar a la Embajada de Suecia, en atención a los derechos humanos de Joaquín Pérez Becerra y “desactivaba”, al mismo tiempo, el “plan” contra Venezuela.
En diversas oportunidades he expresado el grave “error” que comete el Estado cuando utiliza incluso “indiscriminadamente” la deportación, rehuyendo a la extradición, porque además que es obligatorio garantizar los derechos humanos, cualquier nación por razones de inteligencia y seguridad de Estado debe conocer y verificar las causas de los delitos que son imputadas a los responsables supuestos. Incluso Montesinos, incluso Chávez Abarca.
Que este parlamentario justifique que Chávez tomo la decisión por razones “políticas” valida entonces torpemente los atropellos cometidos por Carmona el “breve”, y sus adalides, en su reinado de terror que 48 horas. Guardando las distancias y sin pretender ofender..pero ofenden las declaraciones irresponsables..de este.. lucido.. parlamentario.
Al Sr. Daza es necesario “recordarle” que el corazón de la doctrina universal de los derechos humanos establece que la causa de los derechos humanos está por encima de la razón de Estado. Por qué entregar una persona a quien lo quiere exterminar. Esta prohibido. No lo entiendo. Nadie lo entiende.
Y a Usted, lo que le sale Sr. Roy Daza, como diputado de nuestra Asamblea Nacional es defender el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.
El chantaje político que usted le hace al PCV, por reclamar lo que un número importante de organizaciones políticas y sociales, y personas, han y hemos reclamado, es una decisión de ese partido responderle, o no, pero déjeme decirle que eso lo retrata de cuerpo entero, a colores y con el lóbulo de la oreja derecha bien expuesta, como le exige la embajada gringa a quien les solicita visa de entrada.

*Ilenia Medina
Ileniamedinappt.blogspot.com
Cta twitter: PPTileniamedina

Una propuesta a los artistas e intelectuales venezolanos de la Red en Defensa de la Humanidad

En estos días, que son difundidos como de júbilo, se salta de sorpresa en sorpresa. Ahora resulta que quienes ponen en peligro o podrían poner en peligro el proceso revolucionario es la “ultraizquierda”, nacional e internacional, que se ha permitido levantar su voz para cuestionar el desafuero cometido contra Javier Pérez Becerra.
Ustedes dirigen un Comunicado, como intelectuales y artistas, a sus homólogos internacionales, emulando la humorada de los jóvenes cuando dicen “calladitos se ven más bonitos”. Es una pena, como se dice. Pero, como quien escribe estas líneas no es parte de tan exclusiva Red, me permito insistir en lo que considero cualquier pensante, que se respete debe hacer. Insistir, hasta que se tome, al menos, alguna previsión para evitar se repita la barrabasada cometida.
Como les decía, se esperaba una honrosa explicación del Gobierno Nacional sobre el caso de la “papa caliente”, calificado de ésta manera por las altas autoridades.
Necesario es resaltar, entonces, varios aspectos medulares del asunto:
1. Quienes nos hemos atrevido a cuestionar el “desempeño” del Gobierno en este asunto, hemos advertido, que se trataba, es evidente, de una estratagema contra Venezuela y contra Chávez en particular. Todos sabemos de qué se trata, pero la triste actuación es inexcusable.
2. Nadie ha planteado que a Joaquín Pérez Becerra el Gobierno tendría que haberlo protegido en forma incondicional y, menos se habría recomendado “romper” con el nuevo mejor amigo que tiene Venezuela. Se espera normalmente, y más con relaciones diplomáticas tan borrascosas, que en su gerencia debe privar la inteligencia, la serenidad, el conocimiento, capacidad de análisis rápido, y no el pavor que neutraliza e impide pensar, y actuar, con claridad.
3. Se planteó y se esperaba que el Gobierno, como cualquier Gobierno que se respete, sin complejos de estado forajido, porque No lo somos, cumpliera con las normas nacionales e internacionales en relación al debido proceso. Por cierto, un “pasao” de inteligente afirmó que al Gobierno venezolano ante una orden de Interpol no le quedaba otra alternativa que acatar lo establecido en el derecho penal internacional. Eso no es cierto. Pero, basta con resaltar que Pérez Becerra fue tratado peor que un saco de papas. Nadie lo interrogó, nadie quiso saber quién era. Nadie quiso comprobar si sus documentos correspondían con la “papa caliente sueca” que decía ser. Bastaba con verificar con la Embajada de Suecia en Venezuela si el pasaporte que tenía “la papa caliente” era legal. Cuanto se transportan o se importan papas, aunque vengan de la “hermanísima” República se verifican los certificados que exigen las normas agrícolas. Pérez Becerra no tuvo siquiera el trato que le otorgan a sus tubérculos parientes.
4. Cuando entran en conflicto de interés legislaciones distintas, en este caso, la sueca y la colombiana, el tercer país, (Venezuela) se limita a administrar jurídicamente el conflicto y esperar que ambos Gobiernos presenten sus alegatos. Y en función de los mismos, el Poder Judicial dictamina el qué hacer.
5. Dependiendo de los resultados de ese escarceo jurídico, se deporta a uno, o se extradita al otro.
En mi cuenta Twitter, recomendé al Sr Presidente nombrar una comisión multidiciplinaria, de su más absoluta confianza, que estudie desde todos los ángulos esta espinosa situación y le ofrezca un análisis pormenorizado, con recomendaciones, jurídicas y políticas, para su absoluto consumo. Sería imperdonable que el nuevo mejor amigo de Venezuela, y sus aliados hemisféricos y de ultramar, continúe haciendo de las suyas. A los artistas e intelectuales venezolanos, háganle una propuesta al Presidente para evitar que esta grave situación se repita. Yo hice la mía.
El discurso panfletario, emocional, sin contenido, sin garra, sin conocimiento, sin firmeza que exhiben algunos dirigentes de la V República no ayuda a que Venezuela salga bien parada ante la embestida que definitivamente existe. No es el silencio ante los errores lo que salvará al pueblo y su esperanza. Es la ética, la critica y la autocritica, el conocimiento y la firmeza. Prepárense para la próxima jugada que de seguro también la habrá.

*Ilenia Medina

CÓMO ES LA COSA, NICOLAS, LA ENTREGA ES POLITICA DE ESTADO?

Hoy, en el mediodía, mientras escuchábamos atónitos a Nicolás Maduro quien intento responder a las numerosas condenas que desde los sectores revolucionarios y progresistas se han levantado, nacional e internacionalmente, por la irresponsable “entrega” de Joaquín Pérez Becerra al Gobierno colombiano, recordamos el preclaro pensamiento de Alfredo Maneiro. Nos preguntamos cómo podría valorar Alfredo ésta medida desde la eficacia política y la calidad revolucionaria como parámetros de acción.
No creemos que valga la pena entrarle por ahí a la respuesta de Nicolás Maduro. El, ciertamente, no lo entendería. Es preferible dejar por fuera la ética, o la conciencia revolucionaria, ésta puede ser, apenas, un detalle que no cabe, en este caso, como se podría “inferir” de la respuesta de nuestro ya experimentado Canciller.
Nicolás dio una respuesta defensiva que no convenció a nadie, pero tuvo el “detalle” de autorizar a “los grupitos de la izquierda radical” -que han manifestado su opinión desde la crítica responsable- que podían continuar quemando muñecos. Algo es algo, dice uno. Es decir, sigan quemando muñecos, camaradas, que no habrá otra explicación. Eso es lo qu´hay.
Ahora bien, desde la perspectiva del respeto a la normativa interna y el derecho internacional, la respuesta debe llamar la atención a tirios y troyanos. Si el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela justifica, públicamente, la medida adoptada y desde los otros poderes nadie riposta, quiere decir que, de verdad, la “entrega” de cualquier individuo se asume como política de Estado. Si analizamos también los comentarios de Soto Rojas, Presidente de la Asamblea Nacional, quien ufanamente decía que la medida adoptada con Joaquín Pérez Becerra es un tema de Estado, porque somos un país soberano. Es, sencillamente, una política de Estado, sin más vueltas. Confesamos, a pesar de esto, que guardamos la esperanza que algún doliente gubernamental, ojala sea el propio Chávez, remiende el capote antes de que Venezuela presente, en octubre de este año, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Examen Periódico Universal. Esto lo citamos porque como sabemos el PCV, responsablemente, envió una denuncia al Comité contra la Tortura de la ONU sobre el caso de Pérez Becerra.
Tenemos la impresión, y con mucho respeto lo decimos, que el Ciudadano Canciller y el Sr. Presidente de la Asamblea Nacional no tienen claro el peso que sus palabras tienen, y tendrán, en el ámbito internacional, a la hora que se evalúe la política de Venezuela en materia de derechos humanos.
Tenemos que ser muy didácticos, a esta altura del partido, porque el tema lo amerita. Una política de Estado, en cualquier ámbito significa, básicamente, que la institucionalidad, la costumbre, el cuerpo normativo, procesal, la estructura del Estado en su sentido lato se orienta a actuar en una misma dirección.
Ahora bien, desde esa perspectiva, la “entrega” de un individuo sin exigir respeto a sus derechos humanos, sin cumplir las normas del debido proceso y las garantías procesales, a cualquier gobierno que lo requiera, es una política de Estado? No, no lo es. Incluso en el caso hipotético de que fuese un terrorista de capa mayor, como Posada Carriles. Cualquier individuo, tiene sus derechos humanos protegidos. Imagínense un revolucionario. Repetimos, es una grave falla institucional utilizar indiscriminadamente la deportación, en lugar de la extradición, cuando un delincuente es requerido. Imagínense la “entrega” que no tiene asideros legales de ningún tipo y deja en absoluta “indefensión” al sujeto detenido. La deportación, y más aún la extradición, exigen garantías y pruebas mínimas de protección del individuo requerido.
La política de “entrega” violenta la institucionalidad nacional. Venezuela es un Estado Social de derecho y de Justicia. El gobierno hace muy mal justificando ese “error craso” con el argumento de que es para mejorar –o por el chantaje del descarrile- las relaciones diplomáticas con la “hermana” República. No se trata de amparar a nadie en particular, es que la Constitución y las leyes obliga a los poderes del Estado a actuar conforme a derecho. No es un problema ideológico, es de carácter legal e institucional. Si el Canciller a estas alturas no lo sabe, estamos muy mal, incluyendo a la Fiscalía, la Defensoría, etc. ¡Todos¡
Hemos leído, con respeto, algunas opiniones apelando al entendimiento revolucionario. No, camaradas. El Gobierno fallo institucional y normativamente. Y mejor no hablemos de principios y de calidad revolucionaria para no enredar más la cosa. Dejemos para otra oportunidad esos temas, incluyendo la eficacia política.
Santos, nuestro “nuevo mejor amigo” nos “coopera” ayudando a montar otro expediente contra Venezuela: ya no solo es por “colaboración” con el terrorismo y el narcotráfico. Ahora es en el tema de derechos humanos. Aparentemente, ya hemos entregado unos cuantos a Colombia en las mismas condiciones que a Pérez Becerra. Estados Unidos proclama que para “respetar” los derechos humanos a Posada Carriles no lo extradita a Venezuela, o a Cuba, porque según “correría” peligro su vida. Prácticamente fueron las mismas palabras utilizadas por el Ministro de Relaciones Interiores de Colombia refiriéndose a la extradición de Walid Makled a nuestro país.
Algunos con despecho han dicho, pero por qué Colombia siempre se sale con la suya. Creemos que la oligarquía colombiana sabe administrar, o dosificar muy bien su arrogancia. Estamos seguros que a Venezuela le montaron un peine, con el caso Pérez Becerra. Pero, según parece, algunos responsables gubernamentales ayudaron a que eso ocurriera. También hay mucho miedo suelto. Chávez que investigue y explique. Es lo mejor..
En esta nuestra patria, la alta dirigencia de la revolución no le interesa lo que exprese la conciencia revolucionaria desde la calle. Perdón, no es tan así, Nicolás permitió generosamente continuar “quemando muñecos, en la calle”.

*Ilenia Medina
*Rafael Uzcategui

Opinión libre: Caso Joaquín Pérez Becerra

En el ámbito revolucionario, nacional e internacional, hay un debate importante sobre la “entrega” de Joaquín Pérez Becerra al Gobierno colombiano, por las altas autoridades venezolanas, sin que mediaran dudas de ningún tipo.

En Aporrea, el día de ayer, la indignación y el desconsuelo del PCV y de los colectivos sociales era reseñada ampliamente. Por cierto PPT envió a todos los medios, incluso a APORREA, una declaración donde fijaba una contundente posición sobre el tema el Secretario General Nacional de Organización, Rafael Uzcategui, reconocido revolucionario, y la misma fue omitida en todas las editoriales, incluso en Aporrea. La posición critica, sin contemplaciones, del PPT, no la publica ni la derecha ni la “izquierda”.

Hoy, 27 de abril, continúa la polémica en los espacios revolucionarios. Hay mucha preocupación. E incluso, ya aparecen las opiniones de quienes exculpan a Chávez por la decisión tomada considerando que fue una jugada de Santos, o que es parte de una estratagema internacional que involucra a los organismos de seguridad europeos.

Ambos grupos tienen razón. Pero, la pregunta es: Por qué Chávez se expone tanto?. Por qué confía en Santos y no en las instituciones venezolanas con competencia en el tema o, incluso, en los miembros del PSUV. El sentido particular, y la percepción, de la responsabilidad que tiene Chávez del ejercicio del cargo, lo lleva ignorar las dimensiones institucionales que, efectivamente, existen en la toma de decisiones. Chávez no confía. Santos lo llama y éste se compromete sin medir las consecuencias o al menos no todas.

Esa desconfianza generalizada de Chávez, que se trasmuta en una absoluta confianza en si mismo, constituye su gran debilidad. Tiene una visión plana de las situaciones. No tiene el sano reflejo de la duda, que lo lleve a decir, déjame estudiar la situación. Veamos que dicen las instituciones responsables. Veamos si las leyes lo permiten. Esa visión, incluso desde el ámbito de lo político, era una preocupación constante ampliamente expresada por el PPT. El PCV aún persiste en el llamado, que siempre hizo el PPT, de avanzar en una dirección colectiva del proceso. Por cierto, eso constituyo el error “imperdonable” del PPT dentro del proceso. A estas alturas ya debería haber conciencia que existe una complejidad grande cuando las decisiones que se adoptan están relacionadas con el mundo exterior.
Santos llama a Chávez habiendo evaluado conscientemente toda la situación, lo que se dice un plan perfecto.

1. En víspera del inicio de la reunión de Cancilleres de América Latina y el Caribe en Caracas- le pide que detenga a un “guerrillero” de la FARC. Chávez no puede saber, efectivamente, de quién se trata. Santos aprovecha el factor sorpresa porque “conoce” la debilidad de Chávez, cual es pensar que puede adoptar todas las decisiones, sin riesgos, de ningún tipo. Los cuerpos policiales venezolanos “incomunican” a Joaquín Pérez Becerra; impiden que el Cónsul sueco, y los diputados del PSUV y del PCV, se comuniquen con éste y sin mirar o exigir las “pruebas” que se requieren para detener a un ciudadano Pérez Becerra es “entregado” al gobierno más criminal de América Latina y del mundo.

2. Joaquín Pérez Becerra es entregado al gobierno colombiano, a las prisas, subrepticiamente, sin más, como se entrega un niño a unos malhechores. No fue deportado porque para eso se requeriría que éste hubiese realizado una infracción calificada en las leyes venezolanas, cosa que no ocurrió. No fue extraditado porque los procedimientos penales son prolongados en el tiempo y exige que Colombia entregue “pruebas” contundentes de los delitos por los cuales se le acusa y que, además, esos hechos califiquen como delitos en Venezuela. Tampoco se cumplió el deber de exigir las garantías procesales que la norma interna e internacional determina. El gobierno nacional actuó como actuó el puntofijismo en su peor época.

3. Mientras, Santos, el mismo que agredió militarmente al territorio ecuatoriano y tiene a Walid Makled retenido en Colombia, malhechor narcotraficante al que altos personeros gubernamentales dieron prebendas para manejar una importante infraestructura portuaria y aeroportuaria en Venezuela, se permite EXIGIR a Venezuela que a éste se le den garantías de respeto a su vida, a sus derechos humanos.

4. Chávez aparece cuestionado por los sectores revolucionarios y está en la “mira” de los sectores reaccionarios del mundo.

5. Santos no va a extraditar a Makled, prontamente, como lo cree Nicolás Maduro. Eso se verá, si es que lo hace, en unos seis meses o más. La llave Santos-Makled pone en jaque la credibilidad del gobierno venezolano.


6. El Gobierno deja postradas en su credibilidad a las instituciones del Estado, que no actúan autónomamente. Por ejemplo, cómo explicar que la Defensoría del Pueblo no se haya activado. Cada quien que asuma sus competencias o que renuncien. Tampoco se pueden abordar los asuntos de Estado como lo hacen los adolescentes, por purita emoción: “ese si porque es mi pana”.

7. Es necesario que se entienda de una vez, por todas, la diferencia entre deportación y extradición. Se deporta a un ciudadano cuando éste ha infringido nuestra normativa interna. Se extradita cuando un Estado solicita y comprueba, de acuerdo a los procedimientos jurídicos penales, que el ciudadano solicitado ha cometido delitos que en la legislación del país requerido califica también como un delito.

8. Es por esa razón que decimos que Joaquín, el justo, no pudo ser deportado, menos extraditado. Fue “entregado”, simplemente, como se entrego a Jesús.

9. Chávez debe rectificar. Aplicarse, el mismito, las tres erres pues. Pensamos que deben haber buenas relaciones con Colombia, pero la calidad de las relaciones diplomáticas no están reñidas con la inteligencia, con el respeto a las instituciones venezolanas, con el olfato revolucionario. ¡Estar mosca, pues¡

¿Tiene precio la dignidad de Venezuela?

Todos los revolucionarios, chavistas y no chavistas, nos sentimos indignados -y completamente avergonzados- por la atrocidad cometida contra un justo: Joaquín Pérez Becerra. Hasta cuándo, se pregunta uno seguiremos observando pasivamente, los crasos ”errores” que se cometen, una y otra vez en relación a la justicia.

Este proceso político viene transitando hacia alguna otra cosa, pero revolución no es. Si la dignidad, la ética, si los valores revolucionarios, el compromiso con la verdad, la pasión por la justicia, la solidaridad, la humildad, no están presentes, hacía dónde se dirige este país. Qué tipo de sociedad se está construyendo, bajo qué valores. En qué se sustenta la supuesta cultura revolucionaria. En todo caso, si para las autoridades venezolanas la ética es un detalle insignificante, al menos están obligados a respetar la normativa nacional en materia de derechos humanos y el debido proceso que ampara a cualquier ser humano. Joaquín Pérez Becerra no podía ser secuestrado como lo hizo el SEBIN. No podía ser incomunicado. No podía ser “entregado” al criminal gobierno colombiano. Joaquín Pérez Becerra era un sobreviviente del terrorismo de Estado colombiano. Correspondía que Chávez, ante el planteamiento de Santos, se comprometiera a pedir a las instituciones venezolanas competentes a estudiar la situación y la cancillería venezolana debía, obligatoriamente, informar a la Embajada de Suecia, en Caracas, que un ciudadano sueco estaría siendo detenido.

Desde hace un tiempo para acá venimos observando, y cuestionando, la posición lastimosamente servil de Venezuela en la relación con Colombia. Una cosa es mostrar disposición a tener una sana relación con el Gobierno de ese país y otra muy distinta es el entreguismo o la estupidez. Colombia es uno de los países del mundo con mayor cumulo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Desde hace muchos años, nuestro país es refugio seguro para ciudadanos colombianos que huyen del horror de la guerra y de la crueldad que han mostrado los sucesivos gobiernos en ese país. Colombia, sin duda alguna, tiene una gran deuda histórica con Venezuela. Sin embargo, la aptitud del Gobierno venezolano nos deja un amargo sabor en la boca.

En diversas oportunidades hemos planteado la imperiosa necesidad de que Venezuela debe acabar con el irresponsable procedimiento de deportar a los ciudadanos colombianos, buscados por la justicia, que se encuentran en nuestro país. Toda solicitud que efectúe Colombia debe ampararse bajo los procedimientos jurídicos más apegados al estado de derecho. Eso es lo que le sale a un país cuya Constitución Nacional declara que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia. Sin embargo, son las autoridades colombianas, sin moral para ello, que le exigen a Venezuela “garantías” para extraditar a Makled.

Algunos culpan a los asesore por las políticas equivocadas del Gobierno, pero como lo dijo el “inefable” Santos, fue el propio Chávez quien decidió, sin dudar un instante, la entrega del justo. Según el “nuevo amigo” de Chávez, nuestro Presidente no tuvo reparo alguno con la solicitud. No le funcionó el instinto revolucionario, o la sensibilidad por la justicia, o los 12 años de experiencia. Nadie, y menos el Presidente de la República puede comprometer la dignidad del país, por decir lo menos. Chávez podría aprender de Santos quien se refugia en las instituciones colombianas para estirar hasta el infinito la entrega de Makled. Será que la dignidad de Venezuela tiene precio? Quien será la próxima victima en esta novela de entregas, - de Makled- infinitas?

26-04-2011