CÓMO ES LA COSA, NICOLAS, LA ENTREGA ES POLITICA DE ESTADO?

Hoy, en el mediodía, mientras escuchábamos atónitos a Nicolás Maduro quien intento responder a las numerosas condenas que desde los sectores revolucionarios y progresistas se han levantado, nacional e internacionalmente, por la irresponsable “entrega” de Joaquín Pérez Becerra al Gobierno colombiano, recordamos el preclaro pensamiento de Alfredo Maneiro. Nos preguntamos cómo podría valorar Alfredo ésta medida desde la eficacia política y la calidad revolucionaria como parámetros de acción.
No creemos que valga la pena entrarle por ahí a la respuesta de Nicolás Maduro. El, ciertamente, no lo entendería. Es preferible dejar por fuera la ética, o la conciencia revolucionaria, ésta puede ser, apenas, un detalle que no cabe, en este caso, como se podría “inferir” de la respuesta de nuestro ya experimentado Canciller.
Nicolás dio una respuesta defensiva que no convenció a nadie, pero tuvo el “detalle” de autorizar a “los grupitos de la izquierda radical” -que han manifestado su opinión desde la crítica responsable- que podían continuar quemando muñecos. Algo es algo, dice uno. Es decir, sigan quemando muñecos, camaradas, que no habrá otra explicación. Eso es lo qu´hay.
Ahora bien, desde la perspectiva del respeto a la normativa interna y el derecho internacional, la respuesta debe llamar la atención a tirios y troyanos. Si el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela justifica, públicamente, la medida adoptada y desde los otros poderes nadie riposta, quiere decir que, de verdad, la “entrega” de cualquier individuo se asume como política de Estado. Si analizamos también los comentarios de Soto Rojas, Presidente de la Asamblea Nacional, quien ufanamente decía que la medida adoptada con Joaquín Pérez Becerra es un tema de Estado, porque somos un país soberano. Es, sencillamente, una política de Estado, sin más vueltas. Confesamos, a pesar de esto, que guardamos la esperanza que algún doliente gubernamental, ojala sea el propio Chávez, remiende el capote antes de que Venezuela presente, en octubre de este año, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Examen Periódico Universal. Esto lo citamos porque como sabemos el PCV, responsablemente, envió una denuncia al Comité contra la Tortura de la ONU sobre el caso de Pérez Becerra.
Tenemos la impresión, y con mucho respeto lo decimos, que el Ciudadano Canciller y el Sr. Presidente de la Asamblea Nacional no tienen claro el peso que sus palabras tienen, y tendrán, en el ámbito internacional, a la hora que se evalúe la política de Venezuela en materia de derechos humanos.
Tenemos que ser muy didácticos, a esta altura del partido, porque el tema lo amerita. Una política de Estado, en cualquier ámbito significa, básicamente, que la institucionalidad, la costumbre, el cuerpo normativo, procesal, la estructura del Estado en su sentido lato se orienta a actuar en una misma dirección.
Ahora bien, desde esa perspectiva, la “entrega” de un individuo sin exigir respeto a sus derechos humanos, sin cumplir las normas del debido proceso y las garantías procesales, a cualquier gobierno que lo requiera, es una política de Estado? No, no lo es. Incluso en el caso hipotético de que fuese un terrorista de capa mayor, como Posada Carriles. Cualquier individuo, tiene sus derechos humanos protegidos. Imagínense un revolucionario. Repetimos, es una grave falla institucional utilizar indiscriminadamente la deportación, en lugar de la extradición, cuando un delincuente es requerido. Imagínense la “entrega” que no tiene asideros legales de ningún tipo y deja en absoluta “indefensión” al sujeto detenido. La deportación, y más aún la extradición, exigen garantías y pruebas mínimas de protección del individuo requerido.
La política de “entrega” violenta la institucionalidad nacional. Venezuela es un Estado Social de derecho y de Justicia. El gobierno hace muy mal justificando ese “error craso” con el argumento de que es para mejorar –o por el chantaje del descarrile- las relaciones diplomáticas con la “hermana” República. No se trata de amparar a nadie en particular, es que la Constitución y las leyes obliga a los poderes del Estado a actuar conforme a derecho. No es un problema ideológico, es de carácter legal e institucional. Si el Canciller a estas alturas no lo sabe, estamos muy mal, incluyendo a la Fiscalía, la Defensoría, etc. ¡Todos¡
Hemos leído, con respeto, algunas opiniones apelando al entendimiento revolucionario. No, camaradas. El Gobierno fallo institucional y normativamente. Y mejor no hablemos de principios y de calidad revolucionaria para no enredar más la cosa. Dejemos para otra oportunidad esos temas, incluyendo la eficacia política.
Santos, nuestro “nuevo mejor amigo” nos “coopera” ayudando a montar otro expediente contra Venezuela: ya no solo es por “colaboración” con el terrorismo y el narcotráfico. Ahora es en el tema de derechos humanos. Aparentemente, ya hemos entregado unos cuantos a Colombia en las mismas condiciones que a Pérez Becerra. Estados Unidos proclama que para “respetar” los derechos humanos a Posada Carriles no lo extradita a Venezuela, o a Cuba, porque según “correría” peligro su vida. Prácticamente fueron las mismas palabras utilizadas por el Ministro de Relaciones Interiores de Colombia refiriéndose a la extradición de Walid Makled a nuestro país.
Algunos con despecho han dicho, pero por qué Colombia siempre se sale con la suya. Creemos que la oligarquía colombiana sabe administrar, o dosificar muy bien su arrogancia. Estamos seguros que a Venezuela le montaron un peine, con el caso Pérez Becerra. Pero, según parece, algunos responsables gubernamentales ayudaron a que eso ocurriera. También hay mucho miedo suelto. Chávez que investigue y explique. Es lo mejor..
En esta nuestra patria, la alta dirigencia de la revolución no le interesa lo que exprese la conciencia revolucionaria desde la calle. Perdón, no es tan así, Nicolás permitió generosamente continuar “quemando muñecos, en la calle”.

*Ilenia Medina
*Rafael Uzcategui

Opinión libre: Caso Joaquín Pérez Becerra

En el ámbito revolucionario, nacional e internacional, hay un debate importante sobre la “entrega” de Joaquín Pérez Becerra al Gobierno colombiano, por las altas autoridades venezolanas, sin que mediaran dudas de ningún tipo.

En Aporrea, el día de ayer, la indignación y el desconsuelo del PCV y de los colectivos sociales era reseñada ampliamente. Por cierto PPT envió a todos los medios, incluso a APORREA, una declaración donde fijaba una contundente posición sobre el tema el Secretario General Nacional de Organización, Rafael Uzcategui, reconocido revolucionario, y la misma fue omitida en todas las editoriales, incluso en Aporrea. La posición critica, sin contemplaciones, del PPT, no la publica ni la derecha ni la “izquierda”.

Hoy, 27 de abril, continúa la polémica en los espacios revolucionarios. Hay mucha preocupación. E incluso, ya aparecen las opiniones de quienes exculpan a Chávez por la decisión tomada considerando que fue una jugada de Santos, o que es parte de una estratagema internacional que involucra a los organismos de seguridad europeos.

Ambos grupos tienen razón. Pero, la pregunta es: Por qué Chávez se expone tanto?. Por qué confía en Santos y no en las instituciones venezolanas con competencia en el tema o, incluso, en los miembros del PSUV. El sentido particular, y la percepción, de la responsabilidad que tiene Chávez del ejercicio del cargo, lo lleva ignorar las dimensiones institucionales que, efectivamente, existen en la toma de decisiones. Chávez no confía. Santos lo llama y éste se compromete sin medir las consecuencias o al menos no todas.

Esa desconfianza generalizada de Chávez, que se trasmuta en una absoluta confianza en si mismo, constituye su gran debilidad. Tiene una visión plana de las situaciones. No tiene el sano reflejo de la duda, que lo lleve a decir, déjame estudiar la situación. Veamos que dicen las instituciones responsables. Veamos si las leyes lo permiten. Esa visión, incluso desde el ámbito de lo político, era una preocupación constante ampliamente expresada por el PPT. El PCV aún persiste en el llamado, que siempre hizo el PPT, de avanzar en una dirección colectiva del proceso. Por cierto, eso constituyo el error “imperdonable” del PPT dentro del proceso. A estas alturas ya debería haber conciencia que existe una complejidad grande cuando las decisiones que se adoptan están relacionadas con el mundo exterior.
Santos llama a Chávez habiendo evaluado conscientemente toda la situación, lo que se dice un plan perfecto.

1. En víspera del inicio de la reunión de Cancilleres de América Latina y el Caribe en Caracas- le pide que detenga a un “guerrillero” de la FARC. Chávez no puede saber, efectivamente, de quién se trata. Santos aprovecha el factor sorpresa porque “conoce” la debilidad de Chávez, cual es pensar que puede adoptar todas las decisiones, sin riesgos, de ningún tipo. Los cuerpos policiales venezolanos “incomunican” a Joaquín Pérez Becerra; impiden que el Cónsul sueco, y los diputados del PSUV y del PCV, se comuniquen con éste y sin mirar o exigir las “pruebas” que se requieren para detener a un ciudadano Pérez Becerra es “entregado” al gobierno más criminal de América Latina y del mundo.

2. Joaquín Pérez Becerra es entregado al gobierno colombiano, a las prisas, subrepticiamente, sin más, como se entrega un niño a unos malhechores. No fue deportado porque para eso se requeriría que éste hubiese realizado una infracción calificada en las leyes venezolanas, cosa que no ocurrió. No fue extraditado porque los procedimientos penales son prolongados en el tiempo y exige que Colombia entregue “pruebas” contundentes de los delitos por los cuales se le acusa y que, además, esos hechos califiquen como delitos en Venezuela. Tampoco se cumplió el deber de exigir las garantías procesales que la norma interna e internacional determina. El gobierno nacional actuó como actuó el puntofijismo en su peor época.

3. Mientras, Santos, el mismo que agredió militarmente al territorio ecuatoriano y tiene a Walid Makled retenido en Colombia, malhechor narcotraficante al que altos personeros gubernamentales dieron prebendas para manejar una importante infraestructura portuaria y aeroportuaria en Venezuela, se permite EXIGIR a Venezuela que a éste se le den garantías de respeto a su vida, a sus derechos humanos.

4. Chávez aparece cuestionado por los sectores revolucionarios y está en la “mira” de los sectores reaccionarios del mundo.

5. Santos no va a extraditar a Makled, prontamente, como lo cree Nicolás Maduro. Eso se verá, si es que lo hace, en unos seis meses o más. La llave Santos-Makled pone en jaque la credibilidad del gobierno venezolano.


6. El Gobierno deja postradas en su credibilidad a las instituciones del Estado, que no actúan autónomamente. Por ejemplo, cómo explicar que la Defensoría del Pueblo no se haya activado. Cada quien que asuma sus competencias o que renuncien. Tampoco se pueden abordar los asuntos de Estado como lo hacen los adolescentes, por purita emoción: “ese si porque es mi pana”.

7. Es necesario que se entienda de una vez, por todas, la diferencia entre deportación y extradición. Se deporta a un ciudadano cuando éste ha infringido nuestra normativa interna. Se extradita cuando un Estado solicita y comprueba, de acuerdo a los procedimientos jurídicos penales, que el ciudadano solicitado ha cometido delitos que en la legislación del país requerido califica también como un delito.

8. Es por esa razón que decimos que Joaquín, el justo, no pudo ser deportado, menos extraditado. Fue “entregado”, simplemente, como se entrego a Jesús.

9. Chávez debe rectificar. Aplicarse, el mismito, las tres erres pues. Pensamos que deben haber buenas relaciones con Colombia, pero la calidad de las relaciones diplomáticas no están reñidas con la inteligencia, con el respeto a las instituciones venezolanas, con el olfato revolucionario. ¡Estar mosca, pues¡

¿Tiene precio la dignidad de Venezuela?

Todos los revolucionarios, chavistas y no chavistas, nos sentimos indignados -y completamente avergonzados- por la atrocidad cometida contra un justo: Joaquín Pérez Becerra. Hasta cuándo, se pregunta uno seguiremos observando pasivamente, los crasos ”errores” que se cometen, una y otra vez en relación a la justicia.

Este proceso político viene transitando hacia alguna otra cosa, pero revolución no es. Si la dignidad, la ética, si los valores revolucionarios, el compromiso con la verdad, la pasión por la justicia, la solidaridad, la humildad, no están presentes, hacía dónde se dirige este país. Qué tipo de sociedad se está construyendo, bajo qué valores. En qué se sustenta la supuesta cultura revolucionaria. En todo caso, si para las autoridades venezolanas la ética es un detalle insignificante, al menos están obligados a respetar la normativa nacional en materia de derechos humanos y el debido proceso que ampara a cualquier ser humano. Joaquín Pérez Becerra no podía ser secuestrado como lo hizo el SEBIN. No podía ser incomunicado. No podía ser “entregado” al criminal gobierno colombiano. Joaquín Pérez Becerra era un sobreviviente del terrorismo de Estado colombiano. Correspondía que Chávez, ante el planteamiento de Santos, se comprometiera a pedir a las instituciones venezolanas competentes a estudiar la situación y la cancillería venezolana debía, obligatoriamente, informar a la Embajada de Suecia, en Caracas, que un ciudadano sueco estaría siendo detenido.

Desde hace un tiempo para acá venimos observando, y cuestionando, la posición lastimosamente servil de Venezuela en la relación con Colombia. Una cosa es mostrar disposición a tener una sana relación con el Gobierno de ese país y otra muy distinta es el entreguismo o la estupidez. Colombia es uno de los países del mundo con mayor cumulo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Desde hace muchos años, nuestro país es refugio seguro para ciudadanos colombianos que huyen del horror de la guerra y de la crueldad que han mostrado los sucesivos gobiernos en ese país. Colombia, sin duda alguna, tiene una gran deuda histórica con Venezuela. Sin embargo, la aptitud del Gobierno venezolano nos deja un amargo sabor en la boca.

En diversas oportunidades hemos planteado la imperiosa necesidad de que Venezuela debe acabar con el irresponsable procedimiento de deportar a los ciudadanos colombianos, buscados por la justicia, que se encuentran en nuestro país. Toda solicitud que efectúe Colombia debe ampararse bajo los procedimientos jurídicos más apegados al estado de derecho. Eso es lo que le sale a un país cuya Constitución Nacional declara que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia. Sin embargo, son las autoridades colombianas, sin moral para ello, que le exigen a Venezuela “garantías” para extraditar a Makled.

Algunos culpan a los asesore por las políticas equivocadas del Gobierno, pero como lo dijo el “inefable” Santos, fue el propio Chávez quien decidió, sin dudar un instante, la entrega del justo. Según el “nuevo amigo” de Chávez, nuestro Presidente no tuvo reparo alguno con la solicitud. No le funcionó el instinto revolucionario, o la sensibilidad por la justicia, o los 12 años de experiencia. Nadie, y menos el Presidente de la República puede comprometer la dignidad del país, por decir lo menos. Chávez podría aprender de Santos quien se refugia en las instituciones colombianas para estirar hasta el infinito la entrega de Makled. Será que la dignidad de Venezuela tiene precio? Quien será la próxima victima en esta novela de entregas, - de Makled- infinitas?

26-04-2011