¡Presidente, a proposito de Julián Conrado, recuerde que somos un país neutral!

¡Presidente, a propósito de Julián Conrado, recuerde que somos un país neutral!
08-06-2011
En uno de los cuatro artículos de opinión que escribimos por la barrabasada cometida contra el periodista Joaquín Pérez Becerra, advertimos que si el Gobierno no tomaba las previsiones correspondientes, sería nuevamente “sorprendido”. Proponíamos al Presidente Hugo Chávez crear un grupo multidisciplinario que orientara sobre eventuales situaciones futuras. Considerando, en nuestra buena fe, que es una bien urdida estratagema colombo-norteamericana, no nos sorprendió demasiado, el anuncio gubernamental sobre la captura del cantautor combatiente de la FARC, Julián Conrado (Guillermo Enrique Torres Cueter). Menos sorprendió el despliegue mediático posterior, del Gobierno colombiano, ufanándose y enrostrando con profusa información, a los utópicos revolucionarios de Venezuela y el mundo, sobre el exitoso operativo conjunto de los cuerpos policiales de ambos países -con la información de inteligencia suministrada por Colombia sobre las coordenadas de Conrado en nuestro territorio- en la captura del cantautor. Hechos, y no palabras, que corroboran, desde la perspectiva oficial colombiana, que Hugo Chávez es efectivamente un hombre bien colaborador, que cumple a pie juntilla la letra del acuerdo de Cartagena en materia de seguridad suscrito con Santos, dos meses atrás. Luego de las indignadas protestas, nacionales e internacionales, que genero la entrega de Pérez Becerra, hasta Alan García, se permitió hacer un reconocimiento a Chávez.
Vale decir, que dada la situación, tales acuerdos, de carácter político, ameritarían su revisión por la Asamblea Nacional, pero es claro que una decisión como ésta no es del interés de los diputados, sean oficialistas o del bando opositor. A estos últimos les viene como anillo al dedo, el “colaboracionismo” de Chávez con el Gobierno colombiano, porque conciben como correcta la nueva política de seguridad entre ambos países y, además, de ñapa, por el repudio que esto genera en los sectores revolucionarios y progresistas. Es una concertación que horada el apoyo internacional -nada despreciable- que Chávez y el proceso venezolano habían alcanzado.
Nuestro apreciado amigo Ernesto Villegas, en un artículo en relación a Julián Conrado señaló que a diferencia del caso Pérez Becerra, el Gobierno Nacional, no tenía opciones y no tendría más remedio que entregar al cantautor combatiente. Pero no, de ninguna manera. En el estudio de la compleja y dinámica situación colombiana y en la aplicación de la normativa nacional y los tratados internacionales de los cuales somos Parte está la clave para que el Gobierno no se equivoque nuevamente. Claro, eso exige también, entre otras cosas, una valoración clara de lo que está ocurriendo; contar con un tremendo equipo con visión geoestratégica y político y experticia en el ámbito jurídico y, entre otros aspectos básicos, estar ganado para reconocer, con humildad, que con Joaquín Pérez Becerra se cometió un atropello que dejo mal parados los fundamentos de lo que se supone es una revolución.
De cualquier manera, expresado lo anterior, nos permitimos hacer un planteamiento a ser estudiado por el Estado venezolano, entendiendo que esta materia no es competencia del Ejecutivo Nacional, únicamente.
Consideramos que Venezuela se encuentra ante una situación que debe ser analizada desde la normativa del Derecho Internacional humanitario. En este caso, siendo así, no es la deportación o la extradición las figuras pertinentes que corresponde considerar para Julián Conrado. EL estatus del combatiente de la FARC se circunscribe eminentemente al campo político, caracterizado por el conflicto armado interno que desgarra a Colombia y que habiendo sido reconocido pública y notoriamente por el Presidente de ese país, acarrea consecuencias también en lo internacional que nuestro gobierno no debe desestimar. O dicho de otra manera, está obligado a considerar. Cabe recordar que el reconocimiento de Santos sobre la antigüedad del conflicto militar en su país, quedo ampliamente recogido en una ley, recientemente aprobada por el Congreso Colombiano destinada a beneficiar a las victimas de esa guerra sin fin. No esta demás tener presente, que ésta declaración, que atrajo la atención internacional, ocurrió después de la obscena entrega de Pérez Becerra a Colombia. Dentro del análisis de esta situación debe considerarse, obviamente, la jurisprudencia que crea la Corte Suprema de Justicia de Colombia cuando no reconoce la validez de los supuestos documentos encontrados en las computadoras de Raúl Reyes como pruebas penales.
Los gobiernos bipartidistas de ese hermano país han pretendido –absurdamente- que en las ocasiones que estos han reconocido estatus político a las fuerzas insurgentes colombianas esa beligerancia no produzca consecuencias internacionales. De no ocurrir evento alguno que afecte al vecindario es entendible que la comunidad internacional no haga pronunciamiento alguno, -de beligerancia o neutralidad- pero cuando se producen situaciones como las actuales, es evidente que cualquier Estado, sea cual sea, esta obligado a examinar cuidadosamente el desafío jurídico que tiene por delante, y no despacharlo a la ligera, porque son las instituciones del Estado las que salen profundamente afectadas en su majestad. Para no hablar de repúblicas bananeras. El reconocimiento del conflicto armado interno, por el gobierno legalmente constituido de Santos, genera derechos y responsabilidades, en el orden internacional de inexcusable abordaje, particularmente, por los países vecinos que pueden verse afectados por el conflicto.
En ese orden de ideas, siendo Venezuela un territorio de paz, lo que nos hace un país neutral por excelencia, teniendo Julián Conrado un estatus de combatiente de la FARC, siendo que el Gobierno de Colombia reconoció recientemente el conflicto armado interno, siendo que el combatiente Conrado se encuentra enfermo, y fuera del conflicto, y no cometió un acto hostil contra la soberanía de Venezuela, sumado a que se encontraba desarmado, según lo declarado por las autoridades de nuestro país, siendo que penetró en nuestro territorio en busca de refugio para la protección de su vida, corresponde dirimir, entonces, en el marco de los Convenios de Ginebra I, II y III del derecho internacional humanitario y del Protocolo Adicional II (sobre los conflictos armados no internacionales), la obligación de PROTEGER a Julián Conrado en Venezuela, o entregarlo a otro país, efectivamente neutral, hasta que el finalice el conflicto armado en Colombia, según lo establece los Acuerdos de Ginebra y sus respectivos Protocolos antes mencionados. Evidentemente lo que esta prohibido por las normas de protección internacional o del derecho internacional humanitario es que un Estado neutral entregue a un enfermo, con carácter de combatiente, a una de las partes beligerantes. Por lo tanto no puede el ESTADO VENEZOLANO entregar a Julián Conrado al gobierno de Colombia.
Reiteramos la importancia que el Estado venezolano, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia, estudie la complejidad de este asunto, en el marco del derecho internacional humanitario. No le corresponde al Presidente Hugo Chávez decidir porque es competencia de los Altos Magistrados de justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Ilenia Medina
Rafael Uzcategui
*Miembros del Secretariado de PPT

Cómo atender las preocupaciones del Frente Nacional de Resistencia Hondureña y del Presidente Rafael Correa?

A poco tiempo de la realización en El Salvador, de la Asamblea General de la OEA, en la cual los Ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, considerarán el levantamiento de la medida que permitió suspender la membresía de Honduras de esa Organización, luego del brutal golpe de Estado contra Manuel Zelaya, se levantan voces de alerta manifestándose contrarios a esa posibilidad.
La mediación efectuada entre Venezuela y Colombia tuvo como resultado el Acuerdo de Cartagena, especie de mapa de ruta para alcanzar la reconciliación del pueblo hondureño. Entre las primeras exigencias está el levantamiento de las medidas penales contra Manuel Zelaya, el ejercicio pleno de sus derechos políticos y la facilitación para el regreso a Honduras, como el de su equipo gubernamental, que lo acompaño en el exilio. El domingo 29 de mayo, los pueblos de toda América Latina seguían ansiosos, y acompañando contentos, el alborozo del pueblo hondureño que recibía al hombre que fue capaz de desafiar a la oligarquía hondureña y al Pentágono, para abrir, a través de un proceso constituyente originario, las compuertas de la participación democrática al hondureño de a pié.
Pasada la euforia, viene la necesaria reflexión sobre cuáles son los mecanismos que contempla el Acuerdo de Cartagena para garantizar el cumplimiento de los compromisos en este establecidos. El Acuerdo establece que una Comisión hará el Seguimiento sobre el cumplimiento de las exigencias del Acuerdo, conformada por los cancilleres de Venezuela y Colombia. Pero esa instancia de seguimiento no previo un mecanismo que garantice los lapsos y el cumplimiento cabal de las condiciones establecidas en el instrumento. Efectivamente, este Acuerdo contiene una serie de acciones y medidas importantes que deben ser acatadas antes que se acepte nuevamente a Honduras en la OEA, según lo exige el Frente Nacional de Resistencia Hondureña. Como se comprueba no es capricho o terquedad las preocupaciones levantadas. Efectivamente, no hay nada en el Acuerdo de Cartagena que obligue al Gobierno de Porfirio Lobo el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el mismo.
No es de poca monta lo que está en juego. El Frente de Resistencia hondureña exige el enjuiciamiento de los responsables de las masacres cometidas durante la crisis en estos dos años de resistencia. El Acuerdo establece apenas la creación de una Secretaria de Justicia y Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de atención en materia de derechos humanos y el seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos relativas al Examen Periódico Universal que el Estado hondureño debe seguir. Recoge, también, la solicitud de ese Gobierno para que se abra una Oficina, en ese país, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Nada se dice acerca de la responsabilidad que cabe a las instituciones públicas hondureñas de investigar y sancionar a los responsables, intelectuales y materiales, de los asesinatos de dirigentes de la resistencia. En este punto se puede adivinar la habilidosa mano colombiana echándole tierrita al asunto.
En cuanto al justo reclamo del Presidente Rafael Correa de Ecuador, no existe ninguna disposición acerca de la responsabilidad que corresponde al Estado Hondureño de investigar y sancionar a los responsables, civiles y militares, involucrados en el golpe de Estado que, entre gallos y medianoche, saco en pijamas al Presidente Constitucional de Honduras, para abandonarlo en Costa Rica.
Siendo así las cosas, no es coherente según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, la prisa en incorporar nuevamente a Honduras en la OEA, como lo alerta, lógicamente, el Frente Nacional de Resistencia Popular, sin que se hayan iniciado, al menos, las investigaciones sobre los crímenes y la violación de los derechos humanos, etc.
Consecuentemente corresponde, obligatoriamente, entonces, que las preocupaciones del Frente y del Presidente Rafael Correa sean incluidas en la Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, a ser aprobada para incorporar a ese país a la OEA. De igual manera, en la misma Resolución deben incluirse algunos párrafos sobre el deber de los Estados Receptores de respetar, en cualquier circunstancia, las Embajadas, delegaciones y Misiones de los países acreditantes, según lo dispuesto por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Suponemos debe ser una de las propuestas de Brasil, dado el acoso que sufrieron las embajadas de Brasil, Cuba y Venezuela en Tegucigalpa en el marco de la crisis interna que origino el golpe de Estado.
Sería muy lamentable, injusto y desleal, con las luchas mantenidas por el pueblo hondureño, se permita que la impunidad se institucionalice, aún más, en ese país.

31 de mayo de 2011

Ilenia Medina