RESERVAS EN ORO:
DE LA CUSTODIA INTERNACIONAL A LA CUSTODIA NACIONAL
22 de agosto de 2011
En los días que corren el debate nacional ha sido la decisión adoptada por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, entes que tienen competencia concurrente en el ámbito de la hacienda publica en general y de administración de las reservas internacionales, de recuperar nuestro oro y diversificar la ubicación de nuestras reservas internacionales.
Desde un primer momento, en relación al oro, hemos estado completamente de acuerdo con la medida adoptada, es decir, recuperar la guardia y custodia de nuestras reservas en metal. Cómo no estarlo, si cuando el oro fue sustraído y trasladado a Inglaterra, entre gallos y medianoche, a mediados de febrero de 1989, estuvimos entre quienes condenamos la acción entreguista del Gobierno de entonces. En honor a la verdad histórica, en aquellos días, un grupo de hombres y mujeres con militancia en las filas de la izquierda, hacían vigilias, en los alrededores del Banco Central, desafiando los peligros para intentar detener lo que consideramos entonces y seguimos considerando ahora una grosera acción contra los bienes de la República.
Para quienes suscribimos estas notas, en cuanto a la reubicación y diversificación de las reservas internacionales consideramos es un imperativo de seguridad la medida, tomando en cuenta que ya no existe desde la lógica del sistema financiero internacional un país que ofrezca garantías suficientes para el resguardo de nuestras reservas internacionales. Desde que Estados Unidos desconoció unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods, en los años setenta, abandonando el patrón oro que regía el sistema financiero e impuso el dólar inorgánico se han venido gestando las condiciones para desafiar un modelo que pasó del capital productivo al capital especulativo. Los riesgos de las otrora grandes economías, las cuales ya no saben manejar los sobregiros brutales de su deuda, inmensamente superiores al monto del PIB, sumado al sobrecogedor déficit presupuestario obligan a los Gobiernos, como los de UNASUR, a dar un paso al frente. El desafío es cómo abandonar un modelo que viene haciendo agua. Necesario es poner a salvo esas divisas. De éstas dependemos para las operaciones de importación, el pago de la deuda y para respaldar el valor de nuestra moneda. En ese mismo orden de ideas, y en las actuales circunstancias, cómo no hacer posible la idea de crear efectivamente un sistema financiero al servicio del desarrollo de los países de nuestra región. Las economías emergentes como se denominan a Brasil, Rusia, India, China e incluso Sudáfrica fueron un mural de contención que impidió que la crisis monetaria y financiera que se inició en Estados Unidos en el 2007 estallara y afectará aún más a la economía mundial.
Entre quienes hoy se oponen a las medidas de protección antes mencionadas están, quienes en su momento avalaron aquel desafuero y tienen que defender lo indefendible, quienes solo observan y actúan movidos por el cálculo electoral y otros, que embisten todo aquello que provenga del Gobierno, independientemente de la naturaleza de la medida y se impiden razonar adecuadamente.
Consideramos que una vez trasladadas nuestras reservas en oro a las bóvedas del Banco Central de Venezuela y reubicadas las reservas internacionales en divisas, debe blindarse un mecanismo de seguridad para las mismas y activar el mecanismo de control y fiscalización. Sin duda, reiteramos, es un acto de gran responsabilidad soberana esas medidas de protección. La misma dimensión de responsabilidad tiene entender que estamos obligados, instituciones nacionales y los ciudadanos, a afinar y fortalecer los mecanismo de custodia nacional, repetimos, particularmente el de control y fiscalización.
En ese orden, desde la perspectiva del control y fiscalización de los recursos nacionales tenemos cuestiones pendientes que deben ser atendidas de inmediato. La Constitución Nacional y las leyes orgánicas que del texto constitucional se derivan establecieron, claramente, las competencias del Poder Ciudadano entre las cuales está ser garantes de la ética pública, de la moral administrativa en el manejo de los recursos públicos y del cumplimiento del principio de legalidad en todos los actos de los entes del Estado. El Consejo Moral Republicano expresión de ese Poder Ciudadano, conformado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, se encuentra en deuda con el pueblo venezolano, en lo que al tema corresponde. El 20 del presente mes, a dos meses del fallecimiento del Dr. Clodosvaldo Russian, Contralor General de la República se desconoce el estatus del proceso público para convocar al Comité de Evaluación de Postulaciones que debe presentar una terna a la Asamblea Nacional para designar al Titular de la Contraloría General que tendría entre sus funciones presentar un plan para el control y fiscalización de la administración de los recursos del Estado.
Consideramos de gran importancia que el Poder Ciudadano cumpla con su responsabilidad -no hay razón para que no lo haga- y, una vez presentada la terna para la designación del Contralor (a) General a la Asamblea Nacional y, de no alcanzarse los 110 votos establecidos en el artículo 279 de la Constitución Nacional, el Consejo Nacional Electoral debe llamar a su elección por sufragio popular.
El papel del órgano contralor y fiscal es clave en la dignificación de las instituciones públicas venezolanas. Preocupa el silencio generalizado en el tema. Y desde nuestra responsabilidad militante recordamos que la custodia nacional de nuestros recursos es una tarea que reivindica la ética publica y la moral administrativa que como lo planteo Bolívar en el Congreso de Angostura tiene como objetivo la forja de la República.
Ilenia Medina
Rafael Uzcategui
Miembros del Secretariado de PPT
