LA CIDH CONTRA LA PARED
Necesario es realizar
la I Conferencia de los Estados Parte de la Convención.
Parece una broma pero es verdad. La Organización de Estados
Americanos finalmente debatirá políticamente sobre la Comisión Interamericana
de derechos Humanos. Será, sin duda, un debate histórico, si los Cancilleres de la región terminan de perder el temor reverencial que
hasta ahora aún le guardan, a este órgano del sistema interamericano de
derechos humanos, por su capacidad de manipulación política.
Habrá coincidencias importantes acerca del tema de los
derechos humanos. Una de ellas será que el sistema funcione para mejorar la defensa y respeto de los derechos humanos
de los ciudadanos de los países miembros cuando, los sistemas nacionales de
derechos humanos de un Estado, efectivamente, no hayan atendido la violación de
un derecho que debía ser protegido y, específicamente, cuando se hayan agotado
todos los recursos procesales internos.
Hasta ahora Estados Unidos y Canadá han pretendido, con los
países que no son dóciles, extorsionarlos con algún mecanismo del sistema interamericano de derechos humanos
y casi siempre ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que se
presta para esos oscuros fines. Incluso han trabajado para tratar que los
sistemas nacionales sean sustituidos,
prácticamente, por la CIDH. Eso es inaceptable.
Como han pretendido, sin lograrlo, con Venezuela, y como han hecho con
Haití, entre otros países.
En el artículo que gentilmente publicara Aporrea intitulado “Algunas Recomendaciones al Consejo de Estado sobre la CIDH” comentaba que Venezuela, desde el año 2002,
había liderado en la OEA la rebelión contra los desmanes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y que habíamos impulsado, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y
políticos, espacios de reflexión y de
crítica al comportamiento poco ortodoxo de este órgano del sistema interamericano.
Incluso, en muchas ocasiones enfrentada a la Corte Interamericana que se rige
por el marco legal y la CIDH se rige por las “orientaciones” que los “financistas” de la CIDH dan para hacer seguimiento a la
“situación” de los derechos humanos en algunos Estados.
La resolución que se discute ahora tiene como objeto revisar los mecanismos y metodología que
utiliza la CIDH para mejorar el respeto,
es de esperarse, de los derechos protegidos de la persona humana, desde la
perspectiva de la causa de los derechos
y no del acorralamiento político de un Estado. Para esto sugiero debe
trabajar más procurando la conciliación, cuando no hayan ocurrido daños irreparables, entre la víctima de un
derecho violado y el Estado.
La onda crítica que
Venezuela abrió contra la CIDH, por su abierto respaldo al golpe de Estado; por
negar medidas cautelares contra un Jefe
de estado y sus ministros; por actuar como una agencia del departamento de
Estado; por su apoyo a los golpistas venezolanos, por su grosera y sesgada “metodología” en el tratamiento de los casos
de derechos humanos en Venezuela, Haití y Cuba y la abierta hostilidad de
Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH contra Venezuela permitió que
las delegaciones de los Estados Miembros, con sus propias criticas, coincidieran y avanzaran hasta la creación de
un Grupo de Trabajo Especial encargado de plantear una serie de modificaciones
importantes para corregir el comportamiento sesgado y politizado de la CIDH.
Otro de los temas que
se aborda, también ahora, es el estatus del secretario ejecutivo de la CIDH que
se ha convertido en una persona poderosa y temida, por su relacionamiento con
las ONGs, pagadas por el Departamento de
Estado, y que fueron utilizadas por
Cantón, como su pequeño ejercito, para hostilizar a algunos gobiernos. Este
cargo debe ser meramente administrativo, supeditado, únicamente, a dar apoyo a
los comisionados miembros de la Comisión. Otros temas importantes son el
financiero y el de las relatorías, particularmente, la Relatoría de Libertad de Expresión que se
ha convertido en una comisión “independiente” y solo rinde cuenta a la SIP.
Sin embargo, ninguno
de los avances, de alcanzarse alguno, será efectivamente posible si los Estados Parte de la Convención Americana de
Derechos Humanos -que son los verdaderos “titulares” del sistema
interamericano de protección, porque sin
su anuencia no existiría el propio sistema-, no se ponen los pantalones largos
y aprueban una muy breve resolución para la celebración de la Primera Conferencia de los Estados Parte de
la Convención Interamericana de
Derechos Humanos para revisar el funcionamiento del sistema interamericano
de derechos humanos y para, de ser necesario, realizar modificaciones consideradas
necesarias al texto de la Convención.
Es de hacer notar que la Convención no
establece un mecanismo de revisión por parte de los Estados que han
ratificado este importante instrumento internacional. Eso ha constituido un
grave error, por cuanto los Estados Parte, no pueden renunciar al derecho y al
deber de revisar el sistema que ellos mismos han permitido, soberanamente, que
exista. Tampoco la Convención lo prohíbe, y es un derecho de los Estados parte
de un instrumento internacional. Por lo tanto, el gran avance, sustantivo, es
que se adopte una resolución convocando La Conferencia de los Estados Parte de
la Convención. La resolución debe definir la fecha para su celebración, que
país la convoca, o pedir que la convoque la propia Secretaria General de la
OEA; el Estado Parte que ofrece la sede; aprobar el apoyo técnico que
debe ofrecer la Secretaria General de la OEA; plantearse algunas reuniones
preparatorias antes de la Conferencia que pueden realizarse en la sede de la
Misión del Estado que será sede de la
Conferencia, etc. La agenda de la Conferencia debe ser la revisión del
funcionamiento del SIDH; problemas y soluciones. El término revisión en lenguaje
jurídico y diplomático es muy importante porque abre las posibilidades de
modificar el texto de la Convención.
Importante aclarar que cuando se habla de los Estados Parte
nos referimos a los Estados que han ratificado la Convención y cuando nos referimos
a los Estados Miembros nos referimos a los miembros de la OEA. Esa aclaratoria
es importantísima porque en la Conferencia de la cual hablamos no participaría
Estados Unidos y Canadá y, lamentablemente,
los países del Caribe que tampoco son Parte de la Convención.
Esto que propongo no es ninguna novedad. En la OEA existen
otros instrumentos interamericanos del cual no son Parte todos los Estados Miembros y entonces los Estados
Parte consideran, si los No Parte lo solicitan, si les permiten o no participar,
solo como observadores, y en cuáles sesiones podrían participar.
En todos estos años son
las resoluciones de la Cumbre de las Américas la que han monitoreado los
“avances” del sistema interamericano de Derechos Humanos desde la Cumbre de
Quebec. Esto debe acabarse. Razones jurídicas hay muchas: 1. Las fulanas Cumbres de las Américas no
son órganos de la OEA. Las Cumbre de las Américas, es un mecanismo de “dialogo
y concertación política” entre los Jefes de Estado del continente ideado en la
administración Clinton. 2. No todos los Estados Miembros de la OEA son Parte de
la Convención como Estados Unidos y Canadá. 3. No se puede avalar un sistema de
doble rasero. 4. No puede permitirse que Estados Unidos y Canadá paguen para
que el sistema interamericano funcione como
estos países conciben el “respeto” a los derechos humanos.
No esta demás señalar que de lo que se trata es impedir que el sistema que los Estados crearon
para proteger a los ciudadanos continúe
como un mecanismo perverso de control contra los Estados democráticos del
continente que no son lacayos ni dóciles a los planes de avasallamiento de
Estados Unidos y Canadá.
Creo, firmemente, que debe existir un sistema interamericano,
o regional, en materia de derechos humanos que funcione cuando fallan los
sistemas nacionales, pero de la misma manera, debe existir una relación de
promoción y de cooperación, en la materia, entre los órganos del sistema y los
Estados para atender a los sujetos de protección.
El sistema que ahora existe no sirve a
los sujetos protegidos ni a los Estados que, al final de cuentas, son los
garantes del disfrute de esos derechos. Los Estados del Sur de esta nuestra
América Latina han promovido conceptos, y políticas, altamente revolucionarias
para hacer posible el goce efectivo de todos los derechos humanos en la procura
del bien común como debe ocurrir en una sociedad profundamente democrática.
Ilenia Medina
Diplomática y analista internacional
