A poco tiempo de la realización en El Salvador, de la Asamblea General de la OEA, en la cual los Ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, considerarán el levantamiento de la medida que permitió suspender la membresía de Honduras de esa Organización, luego del brutal golpe de Estado contra Manuel Zelaya, se levantan voces de alerta manifestándose contrarios a esa posibilidad.
La mediación efectuada entre Venezuela y Colombia tuvo como resultado el Acuerdo de Cartagena, especie de mapa de ruta para alcanzar la reconciliación del pueblo hondureño. Entre las primeras exigencias está el levantamiento de las medidas penales contra Manuel Zelaya, el ejercicio pleno de sus derechos políticos y la facilitación para el regreso a Honduras, como el de su equipo gubernamental, que lo acompaño en el exilio. El domingo 29 de mayo, los pueblos de toda América Latina seguían ansiosos, y acompañando contentos, el alborozo del pueblo hondureño que recibía al hombre que fue capaz de desafiar a la oligarquía hondureña y al Pentágono, para abrir, a través de un proceso constituyente originario, las compuertas de la participación democrática al hondureño de a pié.
Pasada la euforia, viene la necesaria reflexión sobre cuáles son los mecanismos que contempla el Acuerdo de Cartagena para garantizar el cumplimiento de los compromisos en este establecidos. El Acuerdo establece que una Comisión hará el Seguimiento sobre el cumplimiento de las exigencias del Acuerdo, conformada por los cancilleres de Venezuela y Colombia. Pero esa instancia de seguimiento no previo un mecanismo que garantice los lapsos y el cumplimiento cabal de las condiciones establecidas en el instrumento. Efectivamente, este Acuerdo contiene una serie de acciones y medidas importantes que deben ser acatadas antes que se acepte nuevamente a Honduras en la OEA, según lo exige el Frente Nacional de Resistencia Hondureña. Como se comprueba no es capricho o terquedad las preocupaciones levantadas. Efectivamente, no hay nada en el Acuerdo de Cartagena que obligue al Gobierno de Porfirio Lobo el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el mismo.
No es de poca monta lo que está en juego. El Frente de Resistencia hondureña exige el enjuiciamiento de los responsables de las masacres cometidas durante la crisis en estos dos años de resistencia. El Acuerdo establece apenas la creación de una Secretaria de Justicia y Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de atención en materia de derechos humanos y el seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos relativas al Examen Periódico Universal que el Estado hondureño debe seguir. Recoge, también, la solicitud de ese Gobierno para que se abra una Oficina, en ese país, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Nada se dice acerca de la responsabilidad que cabe a las instituciones públicas hondureñas de investigar y sancionar a los responsables, intelectuales y materiales, de los asesinatos de dirigentes de la resistencia. En este punto se puede adivinar la habilidosa mano colombiana echándole tierrita al asunto.
En cuanto al justo reclamo del Presidente Rafael Correa de Ecuador, no existe ninguna disposición acerca de la responsabilidad que corresponde al Estado Hondureño de investigar y sancionar a los responsables, civiles y militares, involucrados en el golpe de Estado que, entre gallos y medianoche, saco en pijamas al Presidente Constitucional de Honduras, para abandonarlo en Costa Rica.
Siendo así las cosas, no es coherente según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, la prisa en incorporar nuevamente a Honduras en la OEA, como lo alerta, lógicamente, el Frente Nacional de Resistencia Popular, sin que se hayan iniciado, al menos, las investigaciones sobre los crímenes y la violación de los derechos humanos, etc.
Consecuentemente corresponde, obligatoriamente, entonces, que las preocupaciones del Frente y del Presidente Rafael Correa sean incluidas en la Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, a ser aprobada para incorporar a ese país a la OEA. De igual manera, en la misma Resolución deben incluirse algunos párrafos sobre el deber de los Estados Receptores de respetar, en cualquier circunstancia, las Embajadas, delegaciones y Misiones de los países acreditantes, según lo dispuesto por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Suponemos debe ser una de las propuestas de Brasil, dado el acoso que sufrieron las embajadas de Brasil, Cuba y Venezuela en Tegucigalpa en el marco de la crisis interna que origino el golpe de Estado.
Sería muy lamentable, injusto y desleal, con las luchas mantenidas por el pueblo hondureño, se permita que la impunidad se institucionalice, aún más, en ese país.
31 de mayo de 2011
Ilenia Medina
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